Tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid -Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes hasta su dimisión el pasado 9 de febrero; Benjamín Martín Vasco, portavoz adjunto del grupo parlamentario, y Alberto Bosch- cobraron al menos 1,2 millones de euros en comisiones por conseguir la adjudicación de contratos a sociedades de Francisco Correa y a empresas constructoras avaladas por éste.
Así consta en una resolución dictada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la que acuerda inhibirse en la investigación de estos hechos a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el que están aforados los parlamentarios autonómicos madrileños.
Según Garzón, Correa, empresario próximo al PP, "en contraprestación a la obtención de los contratos para sus empresas" entregaba a los responsables políticos dinero en metálico que éstos recibían en sobres.
Además, Correa intervenía en el negocio inmobiliario "encargándose de gestionar la búsqueda de empresas capaces de ejecutar los proyectos con las calificaciones requeridas" para, una vez lograda la adjudicación, abonar "una comisión a repartir entre los participantes, incluidos los responsables políticos y él mismo".
El concurso "se diseñaba a medida", de tal forma que en el trámite administrativo se adjudicaba el proyecto a la empresa presentada por Correa.
Nuevos cargos implicados
"En el momento procesal actual", dice Garzón, "constan indiciariamente acreditadas esas tácticas en los Ayuntamientos de Arganda del Rey, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte".
El magistrado de la Audiencia Nacional ha decidido ampliar las imputaciones en esta causa a otras seis personas del Partido Popular: los alcaldes de las localidades madrileñas de Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, Ginés López y Jesús Sepúlveda; Tomás Martín Moral, Clemente Aguado, José Galeote (ex concejal de Boadilla) y Ricardo Galeote (concejal por el PP en Estepona), padre y hermano del eurodiputado del PP Gerardo Galeote.
Garzón considera a los nuevos imputados como presuntos autores de los delitos de fraude fiscal, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
Respecto a Gerardo Galeote, el juez explica en el auto que la Fiscalía desestimó la inhibición ante el Supremo porque "no había elementos suficientes" contra el eurodiputado, cuyo nombre y el de algunos de sus familiares ha aparecido durante la investigación de esta causa.
El juez cita "como ejemplos de esta forma de actuar" la adjudicación de una parcela de terreno en Boadilla del Monte a la empresa UFC, las actuaciones de la sociedad Constructora Hispánica en Pozuelo y Boadilla del Monte, de la sociedad TECONSA en Castilla-León, o de MARTINSA en Arganda del Rey.
El magistrado de la Audiencia Nacional seguirá investigando esta causa hasta que la acepten los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia y ha citado para el 18 de marzo a estos seis nuevos imputados, que se unen a los 37 a los que ya ha tomado declaración.
